El Gobierno de Javier Milei se jugó el último martes una carta muy fuerte, en algún sentido, definitiva, al solicitar medidas cautelares ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (el TIDM) para que ordene al Reino Unido que cesen todas sus actividades hidrocarburíferas en las disputadas Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, consideradas por los británicos parte de su Territorio de Ultramar.
Cualquiera sea la resolución del TIDM, a favor o en contra de la Argentina, ello caerá además en un año electoral. Las audiencias del caso deberían empezar en noviembre y no debería demorarse el anuncio de si se impondrán o no medidas provisionales.
Si el Gobierno logra impedir al menos que la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration comiencen sus actividades comerciales en el mar y a unos 220 kilómetros de la capital de Malvinas para 2027/2028, “Milei será Gardel”, confesó un especialista en derecho internacional bajo condición de anonimato, y que, si bien es optimista, no puede vaticinar el resultado.
Sería un golpe de efecto inmenso contra el desarrollo de la industria petrolera de Malvinas, donde desde los años 70 se afirma que hay petróleo en el archipiélago, y recién en los 90 se comenzó a explorar con idas y vueltas.
Desde hace años, alrededor de los gobiernos argentinos hay especialistas que aconsejan ir a tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, o a la Asamblea General de las Naciones Unidas, para iniciar alguna vía que le dé la razón al país frente a Gran Bretaña en el reclamo de soberanía.
Lo único vigente hoy es el llamado al diálogo pacífico que emite año por año el Comité de Descolonización, y que Londres rechaza. Tampoco es nuevo el consejo de ir al TIDM, pero esta vez la administración libertaria, en su giro de 180 grados frente al Reino Unido y su interés por las Malvinas -en coincidencia con declaraciones introducidas por Donald Trump-, fue la que decidió ir hacia adelante, aun con opiniones divididas sobre el asunto.
“Al igual que cuando se jugó con este Tribunal del Mar a sacar la Fragata Libertad de Ghana -donde estaba retenida por las leyes locales a raíz de un pedido de los llamados ‘fondos buitre’-, es la única opción que nos queda hoy para evitar la explotación. Lo otro es esperar a que saquen el petróleo y que cambie todo el juego ahí (en Malvinas) para siempre”, señaló otro entendido. Mientras que otro jurista más dijo: “Si no vamos, empieza la explotación. Si vamos, podemos frenarla. En el peor de los casos, no perdemos nada”.
Ante la clara dirección de que el Tribunal del Mar no es el lugar para pedir el reconocimiento del reclamo argentino de soberanía, que de mínima es bilateral, pero podría llevarse a otras instancias multilaterales que, paradójicamente, Milei ha despreciado, el planteo argentino ante el tribunal de que se impongan medidas cautelares al Reino Unido mientras se decide un arbitraje de fondo apuntó a: frenar Sea Lion y, con ello, impedir el inicio o la continuación de las actividades de explotación de hidrocarburos; resguardar la información obtenida y evitar que los datos reunidos durante la exploración se utilicen en perjuicio de los derechos argentinos; proteger el medio ambiente marino, impedir que el Reino Unido obstaculice las obligaciones argentinas de protección ambiental en la zona; evitar una escalada de la controversia y evitar nuevas medidas que agraven el conflicto, en particular la concesión de permisos adicionales.
El Tribunal Internacional del Mar, que tiene sede en Hamburgo, Alemania, tiene 21 jueces, uno de ellos es la argentina Frida Armas, actual vicepresidenta de esta corte. En este período, los británicos no tienen jueces de su nacionalidad, con lo cual podrían pedir uno ad hoc, supo este diario. Si hay empate en la decisión, el desenlace lo hará el presidente del Tribunal, que es actualmente Maurice K. Kamga, nacido en Camerún.
Del lado de quienes ven serios problemas para que la Argentina tenga su momento de gloria y que los créditos vayan a Milei con una orden cautelar e histórica del TIDM a los británicos para que cesen las actividades petrolíferas -que el gobierno de Andy Burnham ha prometido respaldar con leyes y de facto- también tienen sus argumentos.
En una reciente publicación conocida como Global Arbitration Review se advirtió entre los problemas jurídicos y decisivos para que prospere el planteo argentino.
Por un lado, la cuestión de la jurisdicción. El tribunal deberá evaluar si el futuro tribunal arbitral tiene, al menos de manera preliminar, competencia para examinar las reclamaciones argentinas bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Si se declara incompetente, el planteo argentino quedará fuera de juego, y los anuncios, tuits y declaraciones de Milei, su canciller Pablo Quirno y el asesor Santiago Caputo quedarán desacreditados sobremanera.
Por otra parte, está la cuestión de soberanía. El conflicto territorial con el Reino Unido complica el caso, afirman los entendidos no optimistas, que recuerdan otros casos fallidos, incluso el de la isla Mauricio, que tuvo éxito en la Corte Internacional de Justicia, pero no en el Tribunal del Mar sobre Chagos.
La jurisprudencia internacional muestra que una disputa de soberanía no excluye necesariamente cualquier intervención bajo la CONVEMAR, pero sí puede impedir que se resuelvan reclamos que requieran decidir primero a quién pertenece el territorio, recuerda la Global Arbitration Review.
Después está la cuestión de la urgencia y el daño irreparable. La Argentina deberá demostrar que las actividades petroleras previstas amenazan derechos que merecen protección y que esperar a la constitución del tribunal arbitral podría provocar un perjuicio que no se pueda reparar adecuadamente después. Este último punto es importante: el análisis no se limita al momento en que empiece a salir petróleo. También considera si las obras y perforaciones previas pueden afectar los derechos invocados antes de que el tribunal arbitral esté en condiciones de intervenir.
Mientras que los partidarios de la ofensiva ante el Tribunal son optimistas y dicen que solo un gobierno “temerario” como el de Milei, osado también en la cuestión del ajuste y el orden, puede hacerlo y soportar el fracaso “fingiendo demencia”, Guillermo Carmona, exsecretario del Área Malvinas de la Cancillería de Santiago Cafiero, se quejó de que el anuncio del PEN de que iniciará un proceso de arbitraje por la actividad hidrocarburífera ilegal en Malvinas exige un posicionamiento prudente de todo el arco político, prudencia que lamentablemente no ha caracterizado a la política exterior y al abordaje de la cuestión Malvinas por parte del presidente de la Nación y de sus sucesivos cancilleres.
Si, por un lado, se quejó de que la “falta de acciones legales y diplomáticas de la administración de Milei durante casi tres años ha derivado en la decisión de utilizar el camino del arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar”, esta no deja de ser una “senda riesgosa que, de haberse actuado oportunamente, probablemente se podría haber evitado”. Efectivamente, a diferencia de quienes sostienen que no se pierde nada si el fallo es negativo, otros consideran que, desde el vamos, si se declara “incompetente”, considera que es una cuestión entre dos “Estados ribereños” -Malvinas, igual a Gran Bretaña frente a la Argentina- o no se quiere meter por haber un problema de soberanía, quedará como antecedente muy negativo.
“Paradójicamente, la Argentina recurre, tras la decisión de la administración mileísta, después de omitir el ejercicio del poder sancionatorio previsto en las leyes 26.659 y 26.915, a instancias internacionales que ha desacreditado con los ataques presidenciales a la institucionalidad multilateral, en este caso a través de una convención de Naciones Unidas y mediante una instancia arbitral en la que la ONU actúa como soporte técnico, logístico y de designación subsidiaria de los árbitros. Lo hará en un contexto crítico marcado por expresiones, acciones y omisiones del presidente y de sus colaboradores abiertamente funcionales al interés británico y en tiempos en que la Argentina dio la espalda a la mayoría de los Estados y bloques de países que integran la comunidad internacional”, concluyó Carmona.
