El Gobierno estudia denunciar a la República Islámica de Irán frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el atentado a la AMIA, ocurrido en 1994 en el barrio porteño de Once. La Casa Rosada puso a funcionarios de diferentes ministerios a trabajar en una demanda que podría alcanzar no solo a los acusados por la voladura de la mutual judía, sino también al propio Estado iraní, según informaron a Clarín fuentes al tanto de la iniciativa oficial.
Este jueves por la tarde, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hizo pública una reunión con las autoridades de la AMIA. En la red social X, Mahiques dijo: "Nos reunimos con autoridades de la AMIA para analizar posibles acciones de demanda ante instancias jurisdiccionales internacionales en torno al atentado del 18 de julio de 1994. Desde el Ministerio de Justicia de la Nación mantenemos un compromiso permanente con la búsqueda de verdad y justicia para las 85 víctimas fatales, sus familias y los cientos de sobrevivientes".
Ese anuncio deja en claro que el Gobierno está trabajando en una estrategia para llevar al máximo nivel de la Justicia Internacional al régimen iraní, luego de que las autoridades de ese país se negaran durante años a permitir que la Justicia argentina indague a los acusados por la voladura de la AMIA.
Hace tres semanas, el juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho iraníes y libaneses acusados de se los responsables del atentado, a quienes se les realizará un juicio en ausencia.
Se trata de exfuncionarios del gobierno iraní y miembros de Hezbollah señalados como responsables de planificar y ejecutar el ataque terrorista.
Los hechos corroborados y con el juicio en ausencia como marco jurídico, les atribuye a los ocho iraníes y libaneses los delitos de homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio idóneo capaz de causar un peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios.
Rafecas también fundamentó y calificó el atentado como un crimen de lesa humanidad y apeló a la figura de genocidio en los términos del Derecho internacional.
Cuando el fiscal de la UFI – AMIA -Sebastián Basso- imputó a los responsables del atentado terrorista, sostuvo: “Se trata de un crimen que ha causado efectos devastadores en el territorio nacional, ocasionado mediante un método tipificado internacionalmente como atentado terrorista y por el uso de coche-bomba, que responde a un patrón de violencia sistemática y organizada contra una población civil identificable, en este caso, la comunidad judía argentina”.
Los procesados por el magistrado deberán responder como autor o partícipe del delito de homicidio calificado por odio racial o religioso y “por haber sido cometido mediante la utilización de un medio idóneo para causar peligro común en perjuicio de 85 víctimas fatales, lesiones leves, graves y gravísimas en perjuicio de al menos 151 víctimas y daños”.
El magistrado también impuso a cada uno de los acusados un embargo de 500 millones de dólares.
Al momento de justificar la decisión de avanzar con el procesamiento, el magistrado recordó que nuestro país cuenta con una ley de juicio en ausencia (Ley 27.784), lo que habilita el “mecanismo procesal que permitió avanzar en el proceso penal más allá de que los acusados estén prófugos, asegurando su derecho a contar con un defensor y manteniendo todas las demás garantías del debido proceso”.
El juez Rafecas procesó a Ali Fallahijan, por aquel entonces Ministro de Inteligencia iraní; Alí Velayati, entonces Ministro de Relaciones Exteriores iraní; Mohsen Rezai, quien era Comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, y Ahmad Vahidi, Comandante de la fuerza Al Quds (de la Guardia Revolucionaria).
En su resolución, el juez señaló que “desde los cargos que ocupaban dentro del régimen iraní y sus estructuras, estos cuatro procesados decidieron y participaron en la organización del atentado, haciendo posible que quienes luego actuaron sobre el terreno, consumaran el atentado”.
El procesamiento también alcanzó A Hadi Soleimanpour, quien fuera embajador de Irán en Argentina, Mohsen Rabbani, Consejero Cultural de la Embajada iraní en Argentina, y Ahmad Asghari, quien era agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.
El octavo procesado es Salman Raouf Salman (o Samuel El Reda), agente libanés de Hezbollah, como responsable de “haber coordinado la etapa final del atentado”.
El juez firmó la falta de mérito respecto de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar, y no trató la situación del Líder Supremo iraní Alí Khamenei y del líder de Hezbollah Imad Mughniyeh debido a que murieron en 2026 y 2008, respectivamente, así como tampoco del libanés vinculado a Hezbollah Alí Hussein Abdallah, fallecido en 2020.
