El Gobierno denunció ante la Justicia a la multinacional de defensa y ciberseguridad Thales por presuntos vuelos ilegales de uno de sus aviones entre Chile y las islas Malvinas. Además, estudia nuevas sanciones contra la empresa, que también es un gran contratista de las Fuerzas Armadas argentinas.
La denuncia fue presentada por el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Oscar Alfredo Villabona, ante el juez federal Sebastián Ramos, por dos operaciones aéreas realizadas el 19 y el 24 de septiembre de 2026. Y el juez Ramos delegó la investigación en el fiscal Ramiro Gonzalez quien solicitó más datos a la ANAC, informaron a Clarín fuentes judiciales.
Según la presentación, a la que accedió Clarín, los vuelos fueron efectuados con un avión de matrícula británica G-FPLD, perteneciente a Thales, entre la ciudad chilena de Punta Arenas y las islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833.
La primera operación se realizó desde Punta Arenas hacia las islas y la segunda, cinco días después, en sentido inverso. En ninguno de los dos casos la empresa habría solicitado autorización a las autoridades aeronáuticas argentinas.
“Las operaciones fueron realizadas sin haber sido informadas a la autoridad aeronáutica ni haberse tramitado el permiso correspondiente”, sostiene la denuncia, según revelaron a Clarín fuentes judiciales.
La presentación agrega que, en ambos casos, la ANAC había advertido previamente que las operaciones no contaban con los permisos correspondientes y que, por lo tanto, no estaban autorizadas.
La denuncia incluye una calificación jurídica provisoria por presuntas infracciones al artículo 190 del Código Penal, referido a la seguridad de las aeronaves, y al artículo 223 del Código Aeronáutico, sobre el cruce clandestino o malicioso de fronteras.
También menciona, de manera subsidiaria, el artículo 194 del Código Penal, que sanciona a quienes impidan, estorben o entorpezcan el normal funcionamiento de los transportes, entre ellos los aéreos, sin generar una situación de peligro común.
Pero la investigación podría adquirir una dimensión mayor. El Gobierno advirtió sobre una eventual vinculación de los vuelos con actividades de exploración y explotación hidrocarburífera no autorizadas en las Malvinas, en violación de la ley 26.659.
En esa hipótesis, las autoridades también plantearon la posibilidad de investigar infracciones al Código Aduanero y eventuales delitos de asociación ilícita y lavado de activos. Hasta ahora, sin embargo, no se acreditó que el avión haya participado en esas actividades.
La ANAC solicitó, además, el decomiso de la aeronave, una medida cuya procedencia deberá ser evaluada por la Justicia en función de los delitos que eventualmente puedan comprobarse.
Consultada por Clarín, Thales Argentina confirmó que la compañía es propietaria del avión, pero evitó brindar precisiones sobre el motivo de los vuelos.
“Thales es el propietario de la aeronave. Pero las obligaciones de confidencialidad nos impiden hablar sobre detalles específicos de los contratos”, respondió la multinacional.
Un avión vinculado con servicios para la aviación militar británica
El avión denunciado es un Beechcraft B200 Super King Air, un bimotor turbohélice presurizado de matrícula británica G-FPLD, número de serie BB-1433, operado por Thales UK Flight Inspection Service.
Se trata de una aeronave utilizada para realizar inspecciones aéreas y verificar el funcionamiento de equipos de navegación, una actividad especialmente relevante para la seguridad de aeropuertos civiles y bases militares.
Thales UK cuenta con autorización de la autoridad aeronáutica británica para realizar inspecciones de sistemas de navegación, incluidos equipos de aproximación instrumental, radiofaros y dispositivos utilizados para determinar distancias y posiciones de las aeronaves, según medios extranjeros.
Por sus características técnicas, el avión puede realizar tareas de comprobación de sistemas de navegación y radar como los utilizados en la base militar británica de Mount Pleasant, en las islas Malvinas.
Sin embargo, todavía no se pudo establecer si los vuelos denunciados tuvieron como objetivo realizar esas tareas, trasladar personal o cumplir alguna otra misión contratada por autoridades británicas.
El Ministerio de Defensa británico tiene antecedentes de contrataciones destinadas a la verificación y calibración de radares y sistemas de navegación en Mount Pleasant, una instalación estratégica para el despliegue militar del Reino Unido en el Atlántico Sur.
En 2024, por ejemplo, adjudicó un contrato por unas 160.000 libras esterlinas para realizar comprobaciones aéreas de radares y ayudas a la navegación en las islas. El proveedor de ese servicio fue FIGAS.
Ese antecedente demuestra que las autoridades británicas contratan regularmente servicios de inspección aérea en Malvinas, aunque no permite afirmar que el avión G-FPLD haya realizado una misión similar en septiembre de 2026.
Existe, además, otra relación contractual entre Thales UK y el Ministerio de Defensa británico que adquiere relevancia en el contexto de la denuncia argentina.
El 4 de septiembre de 2026 se publicó una adjudicación por aproximadamente 6,89 millones de libras para el mantenimiento de una red de comunicaciones del complejo militar de Mount Pleasant.
Se trata de una infraestructura destinada a transportar comunicaciones de voz y datos entre diferentes instalaciones militares. Ese contrato es independiente de los vuelos investigados y no demuestra una relación directa con las operaciones del avión denunciado.
El vínculo de Thales con las Fuerzas Armadas argentinas
El caso tiene otra particularidad: mientras una filial de Thales mantiene contratos con el Ministerio de Defensa británico, la multinacional también desarrolla desde hace más de tres décadas negocios con el Estado argentino.
La compañía tiene su sede regional para el Cono Sur en la Argentina, desde donde coordina actividades en Chile, Paraguay y Uruguay. Según su información institucional, emplea a unas 60 personas en el país.
A través de su oficina comercial en Buenos Aires, participa en negocios vinculados con defensa, industria aeroespacial, ciberseguridad y soluciones digitales para organismos públicos y empresas privadas.
Entre sus principales clientes se encuentran las Fuerzas Armadas argentinas. La compañía mantiene relaciones comerciales con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, y participa en proyectos vinculados con su modernización tecnológica.
Thales suministró radares de vigilancia terrestre y costera destinados a tareas de control fronterizo, prevención del contrabando y lucha contra el narcotráfico.
También instaló el sistema de detección Vigile 200 en un avión Learjet 35 de la Fuerza Aérea Argentina, destinado a mejorar la identificación de amenazas y la protección de aeronaves militares.
Sus negocios en el país se extienden, además, a organismos civiles. La empresa provee lectores de documentos, sistemas de verificación de identidad y tabletas utilizadas por la Dirección Nacional de Migraciones en controles fronterizos.
También figura entre los proveedores de componentes para el pasaporte electrónico argentino emitido por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), además de desarrollar tecnología de seguridad digital para bancos y empresas de telecomunicaciones.
La doble presencia comercial de Thales en la Argentina y el Reino Unido agrega una dimensión sensible al conflicto, especialmente ante la posibilidad de que el Gobierno avance con nuevas sanciones contra la multinacional.
La advertencia de Milei por la explotación petrolera
La denuncia se produjo después de que el presidente Javier Milei hablara por cadena nacional, el 3 de septiembre, para anunciar un endurecimiento de la posición argentina frente a las actividades petroleras británicas en las Malvinas.
Durante ese mensaje, el Presidente anunció medidas contra las empresas que participen en la exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización argentina, particularmente en el proyecto Sea Lion.
Ese emprendimiento está impulsado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que buscan desarrollar reservas de petróleo ubicadas en aguas próximas a las islas.
El Gobierno advirtió que aplicaría sanciones contra las empresas involucradas en esas actividades y contra sus eventuales proveedores de servicios, además de impulsar denuncias penales y gestiones diplomáticas.
“El Presidente de la Nación ha ordenado a los equipos de gobierno dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes”, señaló el comunicado oficial.
Después de ese anuncio, seis compañías internacionales de servicios petroleros con presencia en Vaca Muerta comunicaron que no participarían en proyectos de explotación de hidrocarburos en Malvinas.
Se trata de SLB, anteriormente Schlumberger; Halliburton; Baker Hughes; Weatherford International; DLS Archer y Tenaris, del Grupo Techint.
La decisión de esas compañías reflejó las posibles consecuencias comerciales de las medidas argentinas para empresas con intereses tanto en Vaca Muerta como en proyectos energéticos vinculados con las islas.
Los movimientos del avión que investiga la Justicia
El Gobierno había informado el 28 de septiembre que detectó operaciones de Thales UK Limited entre las islas Malvinas y Punta Arenas, realizadas con una aeronave de matrícula británica.
En aquella oportunidad anunció el inicio de procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas, aunque el comunicado oficial no identificó la matrícula del avión ni precisó los horarios de las operaciones.
Clarín pudo reconstruir parte de los movimientos de la aeronave G-FPLD, pese a que sus registros no aparecen disponibles de manera completa en las aplicaciones públicas de seguimiento de vuelos.
Según esa reconstrucción, el avión llegó a Chile el 17 de septiembre y al día siguiente inició un recorrido cuyo seguimiento público se interrumpe. Los registros disponibles no permiten reconstruir completamente sus movimientos hasta el 24 de septiembre.
Esa falta de información pública deja interrogantes sobre las actividades realizadas durante su permanencia en la región y sobre el propósito de los vuelos entre Punta Arenas y las Malvinas.
La investigación judicial deberá determinar quién contrató las operaciones, qué servicios prestó efectivamente la aeronave y si existió alguna vinculación con actividades militares o hidrocarburíferas desarrolladas por el Reino Unido en las islas.
También deberá establecer las responsabilidades de la empresa y de los operadores de los vuelos, además de evaluar la procedencia de las sanciones solicitadas por el Gobierno argentino.
