El oficialismo puso en marcha una movida para desactivar la sesión opositora convocada para el jueves próximo, y salvar el mega DNU 70 de Javier Milei. Convocaron para un día antes al plenario de comisiones a discutir la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada; texto en el que los aliados piden incluir la restauración de la Ley de Tierras que fija límites a la venta de tierras a extranjeros y así no tener que votar en contra de los 300 artículos del decreto entero.
Este jueves, La Libertad Avanza convocó para el miércoles próximo a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General -presididas por los oficialistas Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio- para empezar el debate del proyecto impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, que ya tiene media sanción del Senado.
El gesto se da un día después de la reunión que el jefe libertario Gabriel Bornoroni encabezó hasta entrada la noche en junto a sus pares de bancadas aliadas. En ese encuentro, varios le plantearon la necesitad de que el oficialismo resuelva el foco de tensión generado por la derogación de la Ley de Tierras -tras el fallo de la Corte Suprema- que desencadenó el pedido urgente de sesión opositor para voltear el mega DNU y aprobar, además, la Ley de Endeudamiento y de Discapacidad.
El proyecto original enviado por el Ejecutivo incluía un capítulo que elimina el tope de 15 % de venta de tierras a extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal que era rechazado por las demás bancadas. Por eso, en la negociación de modificaciones, decidieron elevar el tope a un 25 % pero sólo a nivel nacional, sin poner límites por distritos.
Lo cierto es que esa opción tampoco tenía los votos suficientes para ser aprobada y en medio de un escándalo político LLA tuvo que eliminar ese capítulo entero del proyecto para poder aprobarlo.
Ahora, la posibilidad es incluir en el debate del proyecto en Diputados, límites a la venta de tierra a extranjeros, y que así la norma quede restaurada.
La discusión ahora es si incluirían los artículos tal como estaban en la Ley que quedó sin efecto o si van a intentar incorporarla con los cambios que habían estado conversando en el Senado.
“Deberíamos restaurar la vigencia de la ley de tierras para no tocar el DNU”, aseguró el diputado radical correntino Diógenes González en medios locales y consideró que la mejor opción es recuperar la legislación vigente antes del decreto y dejar para más adelante la discusión sobre posibles modificaciones.
El recorrido de la Ley de Tierras desde el DNU hasta la Corte Suprema
La Ley de Tierras, sancionada en 2011 para establecer límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, quedó sin efecto en la práctica luego de una decisión de la Corte Suprema. El máximo tribunal rechazó una medida cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIM), aunque no se pronunció sobre la cuestión de fondo: la constitucionalidad o no de la derogación de la norma.
El recorrido comenzó en diciembre de 2023, cuando el Gobierno de Javier Milei incluyó en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 la derogación de la Ley de Tierras, a través del artículo 154.
El CECIM La Plata presentó entonces un amparo judicial para intentar frenar esa decisión. La organización sostuvo que la derogación afectaba la defensa de la soberanía nacional y la protección de recursos estratégicos del país.
En primera instancia, el juez federal Ernesto Kreplak hizo lugar al planteo y dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación del artículo del DNU que derogaba la ley. El Gobierno apeló la decisión y el expediente llegó a la Cámara Federal de La Plata, que confirmó la continuidad del amparo. De esta manera, la derogación permaneció judicialmente suspendida.
En paralelo, el oficialismo buscó avanzar por la vía legislativa. El Gobierno incorporó en un proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada un capítulo destinado a modificar la Ley de Tierras, que en los hechos eliminaba sus principales restricciones. Sin embargo, frente a la presión política y social, La Libertad Avanza decidió retirar ese capítulo antes de la aprobación del proyecto.
Mientras tanto, el expediente judicial continuó su recorrido y llegó a la Corte Suprema. Dos años después del inicio del conflicto, el máximo tribunal intervino y rechazó la medida cautelar solicitada por el CECIM. La Corte no analizó si la derogación de la Ley de Tierras es constitucional, sino que consideró que la organización no tenía legitimación activa suficiente para promover el amparo.
La decisión tuvo, sin embargo, una consecuencia concreta: al quedar sin efecto la medida cautelar que suspendía el artículo 154 del DNU 70, la derogación de la Ley de Tierras quedó vigente en la práctica.
Ahora, el escenario vuelve a trasladarse al Congreso. Como los decretos de necesidad y urgencia no se votan artículo por artículo, sino que deben ser aprobados o rechazados en su totalidad, la oposición buscará avanzar con el rechazo del DNU 70 completo. El Senado ya lo rechazó en 2024.
Si eso ocurre, podrían volver a tener vigencia algunas de las normas que fueron derogadas por el DNU, entre ellas la Ley de Alquileres, mientras que otras disposiciones incluidas en el decreto también podrían quedar sin efecto.
